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El impostor, los detectives y la esperanza

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amanece un nuevo día en la Ciudad de la Justicia y todo parece transcurrir con normalidad, hasta que aparece él. Se hace llamar «intérprete», pero no tiene ninguna formación en ese campo. Tampoco siente la profesión ni le importan las posibles consecuencias de sus actos. Y no es el único. Cuenta con la aprobación de quienes no hacen nada para cambiar esa situación.

Mar Quijada
María del Mar Quijada Cuevas es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid) y traductora‑intérprete de inglés y francés adscrita a la Audiencia Provincial de Albacete desde hace más de 15 años. También es traductora‑intérprete jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde el año 2002. En la actualidad, es presidenta de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ).

Sucede a diario, en los órganos judiciales y policiales de todo el país. Intérpretes sin la debida formación asisten a investigados, acusados, testigos y víctimas de delitos en sus declaraciones, juicios, comparecencias, entrevistas e interrogatorios. No lo decimos las asociaciones profesionales, lo dice la prensa: intérpretes con antecedentes penales, intérpretes detenidos y finalmente condenados, intérpretes que tal vez empezaron o terminaron siendo delincuentes. En definitiva, intérpretes que manchan el buen nombre de la profesión y que contribuyen a distorsionar la imagen que se tiene de ella. Es lamentable que las asociaciones de traductores e intérpretes tengamos que asumir labores de investigación para demostrar nuestra verdad. ¡La verdad solo tiene un camino! Y es el de la profesionalidad, el del servicio de calidad.

Unas veces, estos seudointérpretes comienzan a discutir con los declarantes en medio del juicio, sin por supuesto comunicarlo al tribunal y sin traducir los intercambios comunicativos. Otras veces, los declarantes responden con todo lujo de detalles durante varios minutos para ser interpretados con un «dice que sí», que todos en la sala dan por bueno, porque la agenda está repleta de juicios y hay que acabar pronto. También ocurre que algunas mujeres no se atreven a contar la verdad delante de estos delincuentes de la traducción y la interpretación porque sus intérpretes son personas del entorno familiar y temen posibles represalias. O simplemente porque estos son hombres y hay cuestiones religiosas o culturales que no se han tenido en cuenta antes de asignar los servicios de interpretación. No hay más que pensar en las posibles implicaciones que todo esto puede tener en los juzgados de violencia sobre la mujer.

Es el fruto de la desidia, de la falta de implicación y responsabilidad de quienes tienen la posibilidad de prevenir el daño y no lo hacen.

No son casos aislados ni una cuestión baladí. Es el fruto de la desidia, de la falta de implicación y responsabilidad de quienes tienen la posibilidad de prevenir el daño y no lo hacen. Las asociaciones profesionales de traductores e intérpretes hemos verificado el auténtico desconocimiento sobre la materia por parte de muchos operadores jurídicos y de la mayoría de los representantes de grupos parlamentarios. Hemos invertido mucho tiempo en intentar hacerles ver que el modelo actual de prestación del servicio tiene que cambiar. La protección de un derecho fundamental no puede seguir en manos de empresas con fines lucrativos. Pero parece que el asunto no despierta el interés necesario.

De momento, continuamos con el servicio actual de licitaciones a empresas que tienen a nuestra profesión secuestrada.

Una directiva venía a cambiar el rumbo. Corría el año 2010 y el Parlamento Europeo y el Consejo pretendían asegurar el derecho a la traducción y a la interpretación para todas aquellas personas que se vieran inmersas en un proceso penal. La «directiva de la esperanza» la llamábamos. Por fin parecía que se iba a tomar en serio nuestra profesión. Pero España no aprovechó esa oportunidad para reformar la legislación con vistas a asegurar servicios de traducción e interpretación de calidad. No se derogaron artículos que deberían haberse derogado y tampoco se establecieron de forma clara e inequívoca los requisitos de acceso a la profesión. Tampoco se determinó un procedimiento para nombrar a esos traductores e intérpretes que deben asistir en los procesos penales, porque estamos a la espera de un registro que no llega y que tampoco sabemos si va a alejar a los impostores cuando se implante. Así que, de momento, continuamos con el servicio actual de licitaciones a empresas que tienen a nuestra profesión secuestrada. Y si la calidad de sus interpretaciones no es la adecuada, ¿qué más da? Al fin y al cabo se trata de investigados o acusados, aunque lo paradójico de esta historia es que la presunción de inocencia es difícilmente aplicable a quienes permiten que se desarrollen interpretaciones judiciales sin la calidad necesaria para garantizar un juicio justo.

¿Tan difícil es cambiar una ley? Los procedimientos se adaptan a las nuevas necesidades. La sociedad evoluciona. Las exigencias en cuanto a la cualificación se afinan. Se intenta adaptar el marco formativo al cuadro de profesiones existentes. Se habla mucho de la optimización de recursos y de la modernización de la Justicia. Palabras vacías. Se busca la solución fácil y cómoda, no la más efectiva ni, por supuesto, la más barata. Solo que, en este caso, lo que se tiene que asegurar es el cumplimiento de derechos fundamentales.

Es de justicia reconocer que hay jueces concienciados con esta terrible situación, como Pilar de Luna.

Y, mientras tanto, los verdaderos intérpretes que se dejan la piel cada día para realizar su trabajo de la mejor forma posible tienen que convivir con estos farsantes. Porque es de justicia reconocer que los hay muy buenos y responsables aguantando el tipo y sujetando el sistema para que no se desmorone. Como también es de justicia reconocer que hay jueces concienciados con esta terrible situación, como Pilar de Luna, a quien siempre agradeceremos su implicación y su valentía a la hora de suspender juicios y de exigir que en su juzgado se presentasen siempre intérpretes profesionales. Pero es que claro, para eso hay que estar hecho de una pasta especial.

Me pidieron desde La Linterna un artículo sobre la interpretación judicial ambientado en la novela negra. Novela negra es la legislación que regula la traducción y la interpretación en el mundo judicial y policial; novela negra es la situación laboral de los intérpretes que trabajan en estos ámbitos: de los autónomos que prestan sus servicios a través de las empresas adjudicatarias y de los que trabajan en plantilla para los Ministerios de Justicia e Interior; novela negra es el daño incalculable que sufren todas aquellas personas a quienes no se interpreta su discurso correctamente ante jueces, médicos forenses, psicólogos, abogados y fiscales, personas que se juegan su libertad o que quieren hacer valer sus derechos y reclamar indemnizaciones por ser víctimas de delitos; novela negra es que las asociaciones de traductores e intérpretes tengamos que presentar una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para que se investiguen las licitaciones del servicio por los continuos escándalos aparecidos en la prensa a propósito de la actuación de ciertos intérpretes enviados por las empresas adjudicatarias del servicio.

Lo triste de este artículo es que todo lo relatado aquí es real.

Lo triste de este artículo es que todo lo relatado aquí es real. En este caso, la realidad supera con creces a la ficción. Así que, a nosotros, a los detectives infiltrados en las asociaciones profesionales, no nos queda más remedio que seguir este asunto muy de cerca y examinar con lupa cada paso que se dé; quejarnos ante cualquier iniciativa que nos parezca contraria a los intereses de todos los profesionales —sean o no socios—; proponer medidas para solucionar los problemas existentes, porque no basta con quejarse, también hay que ofrecer alternativas; y tal vez, algún día, conseguir que esta profesión reciba el trato que se merece y que la justicia que imparten los jueces sea un poquito más justa.

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