Este artículo aborda la problemática de las licitaciones de servicios de interpretación en España y destaca la importancia de la acción colectiva y la colaboración entre asociaciones y profesionales del sector. Las licitaciones de servicios de interpretación de conferencia están en boga. Pero ¿por qué precarizan la profesión? ¿Qué podemos hacer? Conviene exigir licitaciones justas por parte de la Administración, donde se beneficie y se respete al profesional y no solo al intermediario.
Las licitaciones están en boga. Desde que en noviembre de 2017 se aprobara en España la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, las administraciones locales y autonómicas se han visto obligadas a licitar todo tipo de servicios, y la interpretación de conferencias no ha sido una excepción.
Contexto y antecedentes
Se licita por exigencias de la normativa europea, pero, qué duda cabe, se puede licitar de muchas maneras. El quid de la cuestión es precisamente el cómo.
Se licita por exigencias de la normativa europea, pero, qué duda cabe, se puede licitar de muchas maneras. El quid de la cuestión es precisamente el cómo, es decir, la redacción de los pliegos de condiciones. Unos buenos pliegos se sustentan en el respeto a lo licitado y sus fundamentos. En los malos pliegos, el criterio con mayor peso es la oferta de precio más baja, en detrimento de la solvencia profesional o, directamente, de todas las normas profesionales del sector.
Y es que, si el objetivo de las licitaciones consiste en promover la transparencia, la eficiencia y la innovación en los procesos de contratación de la Administración, el papel de la Administración también debería ser el de velar por la promoción de prácticas profesionales y empresariales justas.
La experiencia de FIU Bélgica y sus lecciones
En Bélgica hace ya un par de años que empezaron a verle las orejas al lobo de las licitaciones, y fue así como Freelance Interpreters United (FIU) —un grupo heterogéneo de profesionales de sensibilidades y asociaciones diversas nacido para hacer frente a los desafíos de la pandemia—, junto con la Cámara Belga de Traductores e Intérpretes y la Belgian Quality Translation Association (BQTA), lanzó dos planes de acción que desembocaron en sendas interesantes publicaciones: un vademécum para enviar a licitadores, que desgrana las condiciones mínimas que debe reunir una licitación adecuada, y una Carta de Buenas Prácticas y Relaciones entre Intérpretes. El Servicio Público Federal belga incluso ha publicado diversos documentos de defensa del acceso de las pymes a cualquier proceso de externalización.
Desafíos en las licitaciones de interpretación en España
En el ámbito local y autonómico español, muchos de estos pliegos, lejos de apostar por el rigor en el planteamiento y la calidad, hacen gala de un profundo desconocimiento de la profesión.
Los ejemplos de mala praxis son múltiples: el Ayuntamiento de Barcelona, el Diplocat, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Extenda o el Ministerio de Defensa, entre muchos otros.
A la vista de cómo se han redactado muchos pliegos de condiciones de licitaciones, la iniciativa del vademécum es oportuna y brillante. En el ámbito local y autonómico español, muchos de estos pliegos, lejos de apostar por el rigor en el planteamiento y la calidad, hacen gala de un profundo desconocimiento de la profesión y, en consecuencia, atentan contra sus normas más elementales, condiciones de trabajo y derechos. Algunos llegan a tarifar la interpretación por minutos, ignorando no ya solo el valor de la competencia y la disponibilidad, sino también otra parte fundamental del proceso, como son las horas de preparación —un encargo representa mucho más que la interpretación en sí, que no es más que la punta del iceberg—. ¿Acaso se remunera al bombero solo cuando apaga un incendio, a la cirujana cuando opera o al cantante cuando da un concierto? Otros confunden traductores, intérpretes de enlace e intérpretes de conferencia, profesiones hermanas todas ellas, pero que, sin duda, requieren unas habilidades y una formación distintas. Algunos contemplan que un intérprete trabaje hasta dos horas solo, sin comprender la naturaleza exigente y la carga cognitiva del oficio, desestimando los estudios sobre fatiga mental que respaldan la práctica establecida de que los intérpretes de conferencias trabajen en parejas y se turnen cada 20 o 30 minutos para mantener la calidad de su interpretación y proteger su salud física y mental. Otros no contemplan unas condiciones de cancelación o aplazamiento adecuadas cuando la aceptación por parte de un intérprete de un servicio confirmado significa, además de una preparación y documentación previas, su compromiso en firme respecto a ese trabajo y, por consiguiente, la renuncia expresa a otras ofertas de trabajo que pueda tener, aunque pudieran ser de mayor duración o más ventajosas por el motivo que fuere. El compromiso, obviamente, debe ser mutuo. Unas condiciones de anulación impracticables nos abocan a la precariedad absoluta. Los ejemplos de mala praxis son múltiples: el Ayuntamiento de Barcelona, el Diplocat, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Extenda o el Ministerio de Defensa, entre muchos otros.
Impacto en instituciones estatales
En este pantanoso mar de licitaciones parecía que las instituciones del Estado se salvaban. La interpretación de lenguas cooficiales en el Senado comenzó en el año 2005 con una convocatoria pública de selección de profesionales titulados que generó una bolsa de trabajo compuesta por 25 intérpretes de conferencias. Han sido 19 años de servicios de interpretación de calidad, con equipos estables de profesionales cualificados que han sabido adaptarse a la actividad de la Cámara.
Cuando el 13 de septiembre de 2023 la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Reglamento para regular el uso de las lenguas oficiales en la Cámara Baja, el modelo de contratación directa del Senado se presentó como un ejemplo de buenas prácticas, un modelo a seguir. Es similar al que utilizan otras grandes instituciones que recurren al uso de intérpretes, como la Comisión Europea o los organismos dependientes de Naciones Unidas: exámenes para habilitar profesionales y garantizar así su competencia, y contratación directa de dichos profesionales.
[El Senado] hizo gala de un perfecto desconocimiento de las condiciones en que trabajamos los profesionales y de los requisitos que debe reunir un intérprete que dé servicio a una institución como la suya.
Contra todo pronóstico, sin embargo, el 20 de diciembre de 2023 el Senado sacó a concurso los servicios de interpretación simultánea (en remoto) y la posterior transcripción de las intervenciones realizadas en euskera, catalán, gallego y valenciano —según la distribución lingüística aprobada— durante las sesiones parlamentarias de la Cámara. Hizo gala de un perfecto desconocimiento de las condiciones en que trabajamos los profesionales y de los requisitos que debe reunir un intérprete que dé servicio a una institución como la suya. Se llegó hasta tal punto que diversas empresas licitantes habituales de este tipo de concursos, que suelen ofrecer condiciones de remuneración muy por debajo del mercado de la interpretación profesional en España, dieron marcha atrás y se retiraron de la carrera a la espera de nuevas y mejores condiciones.
El pliego de condiciones del Senado precariza, menoscaba y deteriora la profesión de interpretación de conferencias contraviniendo sus normas más elementales, condiciones de trabajo y derechos. No solo mete en el mismo saco a la plataforma tecnológica para la interpretación remota, el gestor de esta, el soporte técnico, los intérpretes y la transcripción de las intervenciones de los senadores, y todo por un presupuesto ínfimo que no puede cubrir todas esas actividades, sino que, además:
- No exige ninguna formación específica. ¿Para qué sirven entonces las universidades y másteres? ¿Nada diferencia a un intérprete formado durante un mínimo de 5 años de quienes no han recibido formación para esta profesión?
- No cita ni una sola vez el término «intérprete de conferencias», ni exige la menor experiencia institucional o parlamentaria. Los intérpretes se especializan con la experiencia y horas de preparación y estudio.
- No describe lo que supone su labor en el Senado ni la responsabilidad que de ella se deriva.
- Remunera en condiciones irrisorias y por fracciones de hasta 30 minutos.
- No garantiza la protección de los derechos de propiedad intelectual.
- Vulnera estándares trabajados durante años por prestigiosas asociaciones profesionales y organizaciones internacionales.
- Otorga un valor al tiempo efectivo de interpretación, obviando el de la formación, la competencia, la disponibilidad y la preparación.
Esta cultura de la licitación es una grave amenaza para todos los profesionales autónomos y un golpe más a una profesión ya bastante tocada por la Administración.
Esta cultura de la licitación es una grave amenaza para todos los profesionales autónomos y un golpe más a una profesión ya bastante tocada por la Administración, como sucede con los servicios de interpretación en lengua de signos o la interpretación judicial. Las licitaciones fallidas de interpretación judicial en la Administración General del Estado han sido denunciadas ya por el sector y por la propia judicatura en múltiples ocasiones por los problemas de gran calado provocados. Como muestra de la magnitud de la tragedia, el expediente de denuncia presentado por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) ante el Ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo consta de 263 páginas.
Habrían podido…
Para redactar los pliegos se podrían haber estudiado los acuerdos sobre interpretación suscritos entre la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia (AIIC, máxima representación de la profesión, de ámbito mundial) y el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, las agencias y organismos de la UE, la ONU y todos sus organismos, el Banco Mundial, el FMI, etc.
Pero no lo hicieron.
Se podría haber estudiado el funcionamiento de instituciones similares, como el Consejo Nacional y el Consejo de Estados en Suiza, que introdujeron el servicio de interpretación simultánea ya en 1946.
Se podría haber estudiado el funcionamiento de instituciones similares, como el Consejo Nacional y el Consejo de Estados en Suiza, que introdujeron el servicio de interpretación simultánea ya en 1946 y que se han ido adaptando a los tiempos gracias a una profunda cultura de la negociación.
O la situación en la región italiana de Trentino-Alto Adigio, donde es obligatorio ofrecer el servicio de interpretación simultánea en todas las sesiones del gobierno de la provincia (Giunta Provinciale) y de los ayuntamientos de las ciudades con concejales de habla alemana e italiana (Bolzano, Merano).
Pero no lo hicieron.
O se podría haber consultado directamente a los intérpretes que llevamos 18 años colaborando en la «casa» y que gustosamente les habríamos asesorado, como llevamos haciendo desde el primer día, o preguntado a las asociaciones profesionales nacionales más representativas del sector, en particular ESPaiic o AICE.
Pero tampoco lo hicieron.
Los pliegos del Senado no solo excluyen a cualquier profesional que se precie, sino que solo dejan espacio a intermediarios, a menudo empresas multinacionales con pocos escrúpulos y rigor.
Los pliegos del Senado no solo excluyen a cualquier profesional que se precie, sino que solo dejan espacio a intermediarios, a menudo empresas multinacionales con pocos escrúpulos y rigor, cuyo principal objetivo es generar y maximizar sus beneficios económicos, ofreciendo condiciones muy por debajo del mercado de la interpretación profesional en España. ¿Qué han estado proponiendo estas agencias?
Trabajar solo en lugar de en pareja, como es habitual, o aceptar una tarifa reducida si se trabaja con un compañero, honorarios muy por debajo del estándar, «tarifas de espera» y «tarifas de servicio» —menospreciando de nuevo los pilares básicos de formación, competencia, preparación y disponibilidad—, y con la labor de transcripción (otro componente de la licitación) incluida en la tarifa. En fin, ¡la imaginación al poder!
Lo que no explicitan dichos pliegos ni, por supuesto, los mensajes de las agencias es la realidad de la interpretación en el Senado, a saber, que la interpretación se emite en directo por TV Senado y es seguida por un nutrido grupo de periodistas y políticos; que los discursos interpretados son transcritos literalmente en el Diario de Sesiones; que el Diario tiene un valor jurídico y es utilizado como fuente de información oficial para entender el desarrollo de los debates, las propuestas legislativas, las votaciones y otras actividades parlamentarias; que la mayoría de los discursos son leídos a una velocidad media de 145 palabras por minuto y pocas veces se dispone del texto; o la responsabilidad o el impacto mediático que todo ello conlleva.
El paso a la acción
El equipo de intérpretes del Senado ha pasado a la acción, tomando medidas significativas para defender las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de la profesión.
Durante los últimos tres meses, el equipo de intérpretes del Senado ha pasado a la acción, tomando medidas significativas para defender las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de la profesión. Estas acciones incluyen:
- La presentación de un recurso administrativo contra el pliego.
- La difusión de la situación entre senadores y diputados.
- Los contactos con grupos parlamentarios.
- El enlace con todas las asociaciones profesionales.
- La impartición de charlas en el marco de FIU España, ESPaiic (región España de AIIC) y la junta de Asetrad, a fin de dar a conocer la situación y agrupar a los profesionales para que, entre todos, defendamos nuestra profesión.
- La promoción de comunicados de la Red Vértice.
- El contacto con articulistas políticos para corregir terminología («traductores», «pinganillos»…).
- La difusión en redes.
Estas acciones han tenido un impacto mediático notable, con artículos que reflejan las quejas presentadas por diversos grupos parlamentarios ante la Mesa del Senado. La mayor novedad es que el Senado ha retirado la licitación y prepara una nueva. Podría ser por todas las acciones llevadas a cabo, porque el concurso hubiera quedado desierto, o simplemente una cuestión de ajuste de las condiciones a la reciente aprobación por parte de la Mesa del Senado de celebrar tres plenos mensuales. Sea como fuere, la nueva licitación permite albergar esperanzas de que la definición de los pliegos mejore y se adapte a la realidad de la profesión.
Seguimos a la espera de la publicación de los pliegos del Congreso de los Diputados para responder a las nuevas necesidades de sesiones con interpretación de catalán, gallego y euskera en la Cámara Baja.
Mientras tanto, seguimos a la espera de la publicación de los pliegos del Congreso de los Diputados para responder a las nuevas necesidades de sesiones con interpretación de catalán, gallego y euskera en la Cámara Baja.
Confiamos en que estas campañas sirvan para que se entienda mejor qué necesidades mínimas debe reunir un pliego que permita ofrecer estos servicios en condiciones. De hecho, muchas licitaciones quedan desiertas precisamente porque no se evalúan correctamente las necesidades ni se realiza un correcto estudio de mercado. En otros casos, se concede el servicio a una empresa de tal modo que la institución pierde (o renuncia) a la capacidad de cribar a los profesionales y asegurarse de que, efectivamente, cumplen con los requisitos mínimos esperables.
Esto nos atañe a todos, experimentados o noveles, júnior o sénior, de una asociación, de otra o de ninguna, tanto si nos interesa la parte institucional como si nos centramos en el sector privado.
En cualquier caso, los interrogantes sobre las próximas licitaciones brindan la posibilidad de hacer pedagogía para evitar un descalabro de nuestras condiciones de trabajo. Del mismo modo que los acuerdos de AIIC con las instituciones internacionales han marcado la pauta del mercado privado, de los polvos de una falta de acuerdo y unas condiciones ignominiosas en las instituciones españolas pueden llegar pesados lodos… Por ello, en nuestra opinión, esto nos atañe a todos, experimentados o noveles, júnior o sénior, de una asociación, de otra o de ninguna, tanto si nos interesa la parte institucional como si nos centramos en el sector privado.
Es el momento de defender la profesión
En respuesta a esta coyuntura, se están considerando varias propuestas concretas, como la labor de concienciación, la creación de un observatorio para recopilar casos de mala praxis y de buena praxis a escala nacional e internacional, y la elaboración de un vademécum nacional de condiciones mínimas de pliegos. A título de ejemplo, debería ser condición sine qua non que las empresas licitantes conozcan, respeten y cumplan las ISO propias de la profesión, y en particular la más reciente —la ISO 23155—, y que se comprometan con el anclaje local. Ofrecer oportunidades a los intérpretes locales autónomos o a las pymes sin duda permitiría sostener y reforzar el tan necesario tejido económico nacional.
Aquí conviene advertir de la trampa de las «otras ISO», las relativas a la gestión empresarial, a procesos de gestión documental, cuestiones administrativas, medioambientales, de inclusión de colectivos vulnerables, de paridad de género, etc. que poco tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión y precisamente dejan fuera de juego al tejido de pymes o agrupaciones de intérpretes profesionales.
La acción colectiva se vislumbra como una estrategia positiva para contrarrestar las prácticas perjudiciales y garantizar un enfoque que beneficie y respete al profesional y no solo al intermediario.
Es el momento de defender la profesión. La acción colectiva se vislumbra como una estrategia positiva para contrarrestar las prácticas perjudiciales y garantizar un enfoque que beneficie y respete al profesional y no solo al intermediario. La Red Vértice está movilizada, con las asociaciones más representativas del sector, ESPaiic y AICE, así como AGPTI, APTIC, EIZIE o Asetrad. El asociacionismo es una herramienta de transformación, sin olvidar que cada acción individual también es sumamente valiosa. Es el momento de abrir un diálogo constructivo y unir esfuerzos para afrontar los desafíos actuales. Las decisiones que se tomen ahora serán cruciales para el futuro del sector. Es hora de hacer oír la voz de los intérpretes de conferencias y de liderar esta lucha por un entorno laboral más justo y sostenible.
En la fecha de publicación de este artículo ya hay una nueva licitación. Lamentablemente, el pliego sigue teniendo carencias manifiestas —a las del primero hay que sumar la mención de un convenio que no es de aplicación en la interpretación de conferencias—, si bien han mejorado levemente las condiciones económicas.
Bibliografía
Vademécum belga de licitaciones de interpretación
Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (ESPaiic)
Asociación de Intérpretes de Conferencia de España (AICE)
Asociación Gallega de Profesionales de la Traducción e Interpretación (AGPTI)
Asociación de Traductores e Intérpretes de Cataluña (APTIC)
Asociación Vasca de Traductores e Intérpretes (EIZE)
Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (Asetrad)
Artículo en The Objective: «Defensa suspende el polémico contrato de intérpretes»
Artículo en El Nacional: «Junts denuncia la licitación»
Artículo en Slator: «Las asociaciones impugnan el concurso de interpretación del Senado»
Artículo en Eldiario.es: «El BNG pide al Senado revocar la externalización»
Artículo en Demócrata: «El Senado aprueba la celebración de tres plenos mensuales»
Emma Soler Caamaño
Licenciada en Interpretación de Conferencias por la Universidad de Mons (EII, Bélgica) en 1992 y doctora en Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra. Intérprete de conferencias freelance desde 1993 (FR, EN, ES, CA), intérprete acreditada del Senado español desde 2005 y profesora de Interpretación en la Universidad Pompeu Fabra de 1996 a 2007. Es miembro de AIIC y de la ATIJC. En 2009 fundó su propia empresa de interpretación, e774Interpretes.
