Desde la publicación del artículo sobre la creciente tendencia a licitar servicios de interpretación de conferencias y la precarización de la profesión que ha supuesto hasta ahora, se han producido cambios importantes —negativos y positivos— que merecen ser analizados. ¿Qué avances hemos logrado? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo defender unas condiciones laborales justas y dignas para los intérpretes tanto en los concursos públicos como, por ende, en el mercado privado? Este artículo analiza los retrocesos y los avances recientes en los pliegos de licitaciones en las Cortes Generales españolas, y reflexiona sobre las acciones que se podrían emprender como colectivo para lograr licitaciones justas que respeten tanto la calidad del servicio como los derechos de los profesionales, desde el convencimiento de que lo que se haga —o no— en este ámbito puede tener un impacto determinante también en el sector privado.
En la práctica, la redacción de los pliegos de licitación lleva tiempo traduciéndose en una precarización de las condiciones de trabajo de los intérpretes y la desprotección de la profesión.
En el artículo «Desafíos y desencuentros en las licitaciones de interpretación: una llamada a licitar con sentido y a la defensa de la profesión», publicado en esta revista en junio de 2024, abordé la problemática de las licitaciones en el sector de la interpretación de conferencias en España, tras la aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La normativa busca promover la transparencia y la eficiencia, claro está, pero la cruda realidad es que, en la práctica, la redacción de los pliegos de licitación lleva tiempo traduciéndose en una precarización de las condiciones de trabajo de los intérpretes y la desprotección de la profesión. De ello se deduce la necesidad de contactar con los responsables de la contratación pública de las administraciones y hacer mucha pedagogía para poder incidir en la redacción de los pliegos, que es la clave del problema.
De forma provisional, el servicio en el Congreso se cubrió con intérpretes del Senado y otros colaboradores. Una de cal y otra de arena.
El pantanoso mar de las licitaciones, fruto de la entrada en vigor de la ley en 2017, acabó llegando el año pasado a las dos cámaras parlamentarias estatales, primero al Senado y posteriormente al Congreso de los Diputados. El Senado optó por dar carpetazo a un modelo que durante 19 años se había considerado un ejemplo de buenas prácticas: la contratación directa a partir de una bolsa de trabajo formada por 25 intérpretes (autónomos) que, en su día, superaron la correspondiente convocatoria pública de selección de profesionales titulados. El Congreso optó directamente por una licitación en la que los responsables de la contratación pública y los letrados estuvieron meses trabajando. De forma provisional, el servicio en el Congreso se cubrió con intérpretes del Senado y otros colaboradores. Una de cal y otra de arena. Vayamos por partes.
El Senado: ¡últimas rebajas!
El 20 de diciembre de 2023 el Senado —la Cámara Alta de las Cortes Generales de España, órgano constitucional y de representación territorial— sacó a concurso los servicios de interpretación simultánea (en remoto) con uno de los peores pliegos imaginables: sin exigir formación alguna, obviando la responsabilidad del servicio, remunerando claramente por debajo de los precios de mercado, vulnerando los estándares que durante años habían aplicado prestigiosas asociaciones profesionales, y exigiendo un volumen anual de negocios que solo daba cabida a las grandes agencias. El Senado acabó retirando el pliego; los propios intérpretes de la Cámara Alta, las asociaciones de intérpretes y la Red Vértice se movilizaron con rapidez y firmeza, y se albergaron esperanzas de que una nueva versión de los pliegos fuera mejor que la anterior y se adaptara a la realidad de la profesión. En vano.
El 18 de junio se adjudicaba el contrato a Oncall Europa, S. L. Esta empresa sacó una puntuación baja en su propuesta técnica, pero ofreció un precio considerablemente más bajo que sus competidoras.
Tras la publicación del nuevo pliego en marzo de 2024 —con las mismas lacras del anterior (ya señaladas y denunciadas formalmente) y, para más inri, regido en esta ocasión por un convenio de empleados de oficinas—, el 18 de junio se adjudicaba finalmente el contrato de servicios de interpretación simultánea remota y posteriores transcripciones de las intervenciones realizadas en las lenguas cooficiales durante las sesiones parlamentarias del Senado a la empresa Oncall Europa, S. L. Esta empresa sacó una puntuación baja en su propuesta técnica (la que evalúa, entre otros aspectos, la calidad, la viabilidad y metodología de la oferta presentada), pero ofreció un precio considerablemente más bajo que sus competidoras (Tridiom, Studio Moretto Group, S. L., Talent Intérpretes S. L. y Seprotec Traducción e Interpretación, S. L. U.) para los servicios de interpretación, con lo que obtuvo la mayor puntuación en la propuesta económica, y la propuesta económica era la que tenía mayor peso. En resumen, una subasta a la baja.
Inicialmente, hubo seis empresas licitantes. En el contexto de un pliego que, ya de entrada, menospreciaba formación, experiencia y competencia y planteaba tarifas muy por debajo del precio de mercado, dos de las licitantes fueron acusadas de presentar ofertas «anormalmente bajas»: Oncall, la ganadora de la licitación, y Celer Pawlovsky S. L., que no justificó su oferta y quedó excluida de la licitación.
Según [Oncall], «es práctica habitual en el sector ofrecer hasta media hora de cortesía en los servicios prestados».
Para justificar su oferta de baja temeraria, Oncall argumentó, en primer lugar, que, al formar parte de una empresa global —el grupo ONCALL Language Services, con un volumen de negocios de la matriz superior a los 32 millones de dólares australianos—, asumir una oferta de cero euros (0 €) por los tramos de media hora (y 0 € por las transcripciones) no suponía un impacto económico que pusiera en peligro la viabilidad de su ejecución, y en segundo lugar, que, al tener a los intérpretes como personal en plantilla, les resultaba más sencillo adscribirlos a varios proyectos y, a su vez, ahorrar aquellos costes que normalmente debe asumir un trabajador autónomo. La guinda de la argumentación fue que, según ellos, «es práctica habitual en el sector ofrecer hasta media hora de cortesía en los servicios prestados». Oncall empezó a cubrir los servicios de interpretación del Senado el 1 de octubre de 2024. Diversos medios se hicieron eco del resultado de la licitación.
Poco después, la matriz de Oncall volvía a salir en algunos medios. El 17 de septiembre, el director de la matriz australiana fue arrestado por, presuntamente, formar parte de una red transfronteriza de tráfico de drogas.
El Congreso de los Diputados: un buen precedente, pero todavía lejos de sacar nota
Tras la movilización y la campaña de defensa de la profesión, quedaba la esperanza de que el pliego del Congreso fuera más respetuoso para con los intérpretes de conferencias del país. Se trabajó mucho para divulgar la información más amplia y rigurosa posible, y cabe pensar que el trabajo dio sus frutos. El 6 de abril, el Congreso publicó el esperado pliego. En él exigía a sus futuros colaboradores una formación mínima universitaria, se valoraba la pertenencia a alguna de las asociaciones oficiales de interpretación de conferencias de España, y que los profesionales contaran con una experiencia mínima de 100 días trabajados por cada idioma. En lo esencial, eran unos pliegos salvables. Pero no es oro todo lo que reluce: si bien los precios globales eran precios de mercado, la exigencia de facturar por tiempo de celebración fue un torpedo inesperado, ya que en ningún caso es una práctica que permitan las asociaciones, ni debería ser habitual.
No cabe duda de que una entrevista televisada y en directo de solo 15 minutos, por ejemplo, puede representar un día completo de preparación.
Las tarifas por horas reflejan un trabajo técnico o manual donde el profesional emplea su tiempo y habilidades de manera directa; los intérpretes cobramos por un servicio integral, por una solvencia y una disponibilidad que incluye no solo el tiempo invertido, sino también el nivel de conocimiento especializado, la preparación previa y el valor añadido por la experiencia o competencia del profesional, así como por la responsabilidad que conlleva. De hecho, en muchos países ni siquiera existe la media jornada. No cabe duda de que una entrevista televisada y en directo de solo 15 minutos, por ejemplo, puede representar un día completo de preparación.
Un aspecto positivo determinante: el criterio con mayor peso no era la oferta de precio más baja sino precisamente la solvencia profesional, y el respeto a las ISO específicas de la profesión (y no generalistas) y en particular a la más reciente —la ISO 23155— también daba puntos. Que el precio no fuera lo que decantara la balanza era clave y abría la puerta a la participación en fair play de pymes e intérpretes locales y, en definitiva, a sostener y reforzar el tan necesario tejido económico nacional.
Dos pymes de intérpretes, AIB S. L. y AIM S. L., decidieron presentarse al Lote 2, el de interpretación, constituidas en una UTE.
Tras estudiar las condiciones de los pliegos de la licitación para la interpretación simultánea de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, dos pymes de intérpretes, AIB S. L. (Agrupación de Intérpretes de Barcelona) y AIM S. L. (Asociación de Intérpretes de Madrid), decidieron presentarse al Lote 2, el de interpretación, constituidas en una UTE. Era una apuesta decidida, valiente y arriesgada, tanto más cuanto que había que actuar a contrarreloj ya que la tramitación del pliego se hacía con carácter de urgencia (el plazo expiraba el 24/04/2024 a las 14:00) y que ambas asumían un riesgo empresarial considerable al ajustar los márgenes para soslayar el escollo de la facturación por tiempo real, por no mencionar la exigencia de 88 425 euros de garantía para el lote de interpretación, que, no cabe duda, no era precisamente un detalle menor.
El desenlace: una gran noticia para la profesión
A la licitación se presentaron Oncall Europa, Tridiom y la UTE AIB-AIM. La apertura de plicas, prevista en principio para el 26 de junio, tuvo lugar finalmente el 25 de septiembre. Estas fueron las puntuaciones técnicas obtenidas:
AIB-AIM: 44
Tridiom: 31
Oncall: 27
El mismo orden clasificatorio, de mayor a menor, se mantuvo en la oferta económica. La adjudicación oficial tuvo lugar el 21 de noviembre de 2024, y el inicio del servicio se ha producido en enero de 2025. Ambas agrupaciones lo hicieron público con el comunicado que reproducimos.
El objetivo de la UTE AIB-AIM (formada por miembros de ESPaiic), tal como han declarado, no es el ánimo de lucro, sino generar trabajo para un nutrido grupo de intérpretes de perfiles muy diversos en condiciones respetuosas para el sector y las asociaciones profesionales.
Que la licitación se haya otorgado a agrupaciones formadas por intérpretes profesionales que se dedican en exclusiva a la interpretación de conferencias es garantía de que se preste un servicio de calidad y se respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía, así como las condiciones de trabajo de quienes nos dedicamos profesionalmente a esta actividad. Sin duda, es una gran noticia para la profesión. Esperemos que en futuras licitaciones otras pymes también se animen a participar en este tipo de oportunidades.
Esperemos que en futuras licitaciones otras pymes también se animen a participar en este tipo de oportunidades.
Las asociaciones que integran la Red Vértice han celebrado la adjudicación de estos servicios de interpretación y agradecido el trabajo de quienes se han esforzado para visibilizar y defender la importancia del trabajo de interpretación en el Congreso y reivindicar condiciones dignas para los profesionales. Sin embargo, tal como la Red Vértice ha hecho explícito en su comunicado, aún queda mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones de los demás servicios licitados. Según el diario ABC, las ofertas de las otras tres adjudicatarias para los servicios de traducción, transcripción y subtitulación fueron —de nuevo, como en el caso del Senado— «anormalmente bajas».
Mucho camino por recorrer
El papel de la administración debe ser tanto promover la transparencia y la eficiencia de las licitaciones como velar por la promoción de prácticas profesionales y empresariales justas.
En el último bloque de este artículo quisiera recuperar el llamamiento a la acción colectiva para iniciar una campaña de contacto con las administraciones competentes que consiga que las licitaciones apuesten por la calidad y la solvencia, y donde se beneficie y se respete al profesional y no solo al intermediario. El papel de la administración debe ser tanto promover la transparencia y la eficiencia de las licitaciones como velar por la promoción de prácticas profesionales y empresariales justas. Y tal vez valga la pena recordar que el Servicio Público Federal belga incluso ha publicado diversos documentos en defensa del acceso de las pymes a cualquier proceso de externalización.
Muchas licitaciones se limitan a copiar otras anteriores y forzar los límites de estas, lo que, en muchos casos, nos lleva de Guatemala a Guatepeor. El ejemplo del Congreso de los Diputados, si bien constituye un buen precedente y una muestra de que licitar en condiciones razonablemente justas y dignas es posible, también es claramente mejorable.
¿Un ABC para licitantes? La propuesta de un vademécum
Por todo ello, relanzo la idea de una acción colectiva y transversal, como la publicación de un vademécum, un «ABC para licitantes», para hacer pedagogía ante las distintas administraciones públicas del Estado español, potenciar el ejemplo del Congreso e intentar parar la sangría de malos modelos a fin de evitar un descalabro de nuestras condiciones de trabajo. Contactar con los departamentos, unidades o direcciones generales de contratación de las administraciones —municipales, autonómicas y estatales— y hacerles llegar el vademécum nos haría más visibles y evitaría, de entrada, que pudieran alegar desconocimiento.
Si nos quedamos de brazos cruzados, corremos el riesgo de que, de rebote, se precarice también el sector privado.
Entre los muchos desafíos a los que se enfrenta nuestra profesión, el de las licitaciones me parece uno muy concreto y tal vez con menos imponderables que muchos otros. Si nos quedamos de brazos cruzados, corremos el riesgo de que, de rebote, se precarice también el sector privado. Además, basta hacer un mínimo de prospección para constatar que hay muchas jornadas de trabajo con multiplicidad de lenguas que se deciden en licitaciones, a muy diversos niveles. No se trata en absoluto solo de Senado y Congreso y lenguas cooficiales. Esto nos atañe a todos, experimentados o noveles, júnior o sénior, de una asociación, de otra o de ninguna, tanto si nos interesa la parte institucional como si nos centramos en el sector privado.
Algunos compañeros ya hemos empezado a trabajar con una propuesta que, por el momento, consta de 15 páginas y que, entre otros, contempla los siguientes puntos:
Compensación razonable por tiempos de espera y por cualquier cancelación, aplazamiento o cambio de idiomas, a menos que se notifique con tiempo suficiente.
- Explicación y uso de la terminología adecuada (intérpretes vs. traductores, intérpretes de conferencia vs. intérpretes de enlace, receptores vs. pinganillos…).
- La solvencia profesional como el criterio con mayor peso, no la oferta de precio más baja. Solvencia = formación + competencia + preparación + disponibilidad
- Reconocimiento en los criterios de selección de la cualificación necesaria (formación académica oficial, tanto a nivel de grado como de máster).
- Reconocimiento y valoración de las asociaciones profesionales.
- Valoración de las pymes de intérpretes y compromiso con el anclaje local.
- La media jornada como unidad mínima de un servicio de interpretación, ya que cualquier encargo representa mucho más que la interpretación en sí, que no es más que la punta del iceberg.
- Explicación de la jornada de trabajo, pausas necesarias y horas extras, en su caso.
- Trabajo en equipo de dos intérpretes (por una cuestión de calidad y salud, como demuestran múltiples estudios).
- Valoración de las normas ISO pertinentes y propias de la profesión, en particular, la más reciente —la ISO 23155—, en lugar de otras normas ISO que poco o nada tienen que ver con nuestro oficio.
- Valoración (y remuneración) de la disponibilidad y la permanencia y no solo de la ejecución, es decir, compensación razonable por tiempos de espera y por cualquier cancelación, aplazamiento o cambio de idiomas, a menos que se notifique con tiempo suficiente (que no deberían ser 24 ni 48 h).
- Valoración de la experiencia de manera acorde a la responsabilidad de la prestación.
- Separación de las licitaciones por el sistema de lotes, y que no se junten todos los servicios lingüísticos (traducción, interpretación, corrección, subtitulación, etc.) en una licitación única.
- Respeto del código deontológico.
- Reconocimiento de que la interpretación de conferencias es un ejercicio intelectual oral que goza de la protección de los intereses de los autores (de conformidad con la Directiva 2001/29/CE y el Convenio de Berna) y que, por lo tanto, la grabación de la interpretación de un evento debería estar sujeta a derechos de autor.
El vademécum es una idea, pero cualquier iniciativa siempre es bienvenida. En alguna reunión se habló también de la posibilidad de crear una especie de Observatorio para poder hacer seguimiento de buenas y malas prácticas.
Conclusión
Es hora de defender la profesión, y para ello se necesitan tanto mentes como manos comprometidas.
Como ya señalé en el artículo anterior, es hora de defender la profesión, y para ello se necesitan tanto mentes como manos comprometidas. La acción colectiva emerge como la estrategia más eficaz para frenar las prácticas perjudiciales y asegurar que el enfoque se centre en el respeto y reconocimiento de los profesionales, no solo de los intermediarios. La Red Vértice, junto con las asociaciones más representativas del sector, como ESPaiic y AICE, así como AGPTI, APTIC, Asetrad y EIZIE, ya se ha movilizado. Si bien el asociacionismo es una herramienta clave para la transformación, cada acción individual también tiene un impacto valioso. Si os sentís interpelados, os invito a que os pongáis en contacto con las asociaciones profesionales.
Casos desafortunados como el del Senado pueden arrastrar al sector privado a un declive irreversible. Por el contrario, ejemplos como el del Congreso pueden sentar un buen precedente.
Es fundamental abrir un diálogo constructivo y unir esfuerzos para abordar los retos que enfrentamos. Las licitaciones son un ejemplo muy concreto. Las decisiones que hoy tomemos —o dejemos de tomar— tendrán un impacto en el futuro del sector. Casos desafortunados como el del Senado pueden arrastrar al sector privado a un declive irreversible. Por el contrario, ejemplos como el del Congreso de los Diputados pueden sentar un buen precedente. En nuestras manos está.
Emma Soler Caamaño
Licenciada en Interpretación de Conferencias por la Universidad de Mons (EII, Bélgica) en 1992 y doctora en Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra. Intérprete de conferencias freelance desde 1993 (FR, EN, ES, CA), intérprete acreditada del Senado español desde 2005 y profesora de Interpretación en la Universidad Pompeu Fabra de 1996 a 2007. Es miembro de AIIC y de la ATIJC. En 2009 fundó su propia empresa de interpretación, e774Interpretes.
